La Cámara de los Comunes aprueba la primera fase del polémico proyecto de ley
El primer ministro británico, Rishi Sunak salvado por una diferencia de 44 votos el proyecto de ley extraordinario que designa a Ruanda como país seguro en materia de asilo y migración, y refuerza el tratado acordado con el Gobierno de Kigali para acoger a refugiados y tramitar sus solicitudes de ayuda en suelo africano. Contiene medidas destinadas a impedir los recursos ante los tribunales, que ponen en duda su legitimidad constitucional y el respeto del derecho universal. Es una pobre victoria que coloca entre las cuerdas al jefe del Gobierno conservador.
La derecha del partido de gobierno cuestionó la autoridad de Sunak y promovió la abstención en la «segunda lectura» de esta propuesta legislativa, que reafirma la soberanía del Parlamento del Reino Unidolimita los poderes de los tribunales británicos, deja de aplicar secciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos y reconoce el poder de una oficina ministerial para ignorar resoluciones del Tribunal de Estrasburgo u otros foros internacionales que bloquean el envío de uno o más refugiados a Ruanda.
Titulado formalmente «Seguridad de Ruanda (asilo e inmigración)», incluye la respuesta de Sunak a la Corte Suprema del Reino Unido, que Juzgué ilegal la entrega de migrantes al país africanodonde se tramitarán sus solicitudes de asilo, en la contundente sentencia dictada el 15 de noviembre. El proyecto de ley, que el Gobierno tramita de urgencia, refuerza jurídicamente el Memorando de inmigración-comercio de 2022 entre ambos países, que ha sido elevado a la categoría de bilateral Tratado con condiciones vinculantes para ambas partes firmantes.
El proyecto de ley sufrió hace días una baja ministerial, en la figura del Secretario de Estado Robert Jenrick, quien criticó los «enormes defectos» del proyecto y reivindicó la «soberanía» del Parlamento de Westminster en su intervención en el debate en la Cámara de los Comunes, que precedió a la votación.
La sesión fue inaugurada por el nuevo responsable del Interior, James Cleverly, quien presentó el plan de Ruanda como una «solución innovadora y humana» a la crisis migratoria que afecta al Reino Unido en menor medida que a sus antiguos socios europeos. Las propuestas apuntan proteger la exportación de migrantes a África del «ciclo interminable de impugnaciones jurídicas» y están «muy cerca del límite» de la legalidad constitucional, aunque se encuadran «en el marco de la legislación internacional», según el ministro.
El plan de Ruanda ha costado 400 millones de euros en fondos anticipados a socios africanos sin que ningún avión haya despegado con inmigrantes hacia Kigali, según la ministra laborista del Interior, Yvette Cooper. Para su jefe, Keir Starmer, se trata de una «farsa» que terminará si el partido de centroizquierda gana las elecciones de 2024, como proyectan las encuestas.
El texto legal representa un equilibrio fundamental para evitar la quiebra del partido conservador y del gobierno. Contiene medidas para satisfacer al grupo parlamentario o, al menos, evitar la hemorragia de apoyos tanto de la derecha como de los centristas que han recuperado peso y voz con Sunak. El primer ministro volvió a pedir el consenso de todas las facciones -reiteró esta semana el mensaje de «unión o muerte» que lanzó cuando asumió el liderazgo hace catorce meses- y se declaró dispuestos a «ajustar» el contenido de la propuesta durante su tramitación parlamentaria.
Por ahora, los conservadores moderados -el grupo más numeroso con un centenar de diputados- indicaron la víspera que votará a favor en esta fase inicial del proceso. Advirtieron, sin embargo, que retirarán su apoyo si el primer ministro responde a las preocupaciones del ala reaccionaria abstencionista y acepta enmiendas contrarias a los estándares internacionales en materia de migración, asilo y derechos humanos.
La gravedad de la situación llevó a Downing Street a ordenar el regreso desde Dubái del secretario de Estado de Cambio Climático para asegurar su presencia durante la votación. Otros partidos también convocaron a sus miembros, incluida una delegación de diputados que suspendió un viaje oficial previsto al Caribe.
