SANTO DOMINGO.-Más de 326 víctimas de trata de personas, entre ellas menores de edad, han sido rescatadas de 2020 a la fecha, por integrantes de la Fiscalía Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y otras dependencias del Estado. La mayoría eran objeto de explotación sexual.
Según estadísticas de la Procuraduría General de la República, las víctimas de trata, incluidos adultos y menores, también sufrieron explotación laboral, turismo sexual y proxenetismo, bajo constantes amenazas.
La jefa de la Unidad Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, Yoanna Bejarán, indicó que la mayoría de las víctimas de trata son nacionales colombianos, en su mayoría jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que caen en manos de redes criminales. Este año fueron rescatados 31.
Las zonas del país donde se registran los mayores índices de casos de trata de personas son las zonas turísticas, como La Altagracia (Higüey), en la zona de Punta Cana, La Romana, Puerto Plata y también en Santiago, aunque No se considera una zona turística, pero tiene una alta incidencia de estos casos.
De igual forma, se han identificado casos de trata en la zona fronteriza, especialmente en las provincias de Dajabón y Montecristi.
Yoanna Bejarán, titular de la Procuraduría del Migrante.
Lo mismo ocurre en la región sur, particularmente en San Juan y Elías Piña, donde hay registros de casos de trata de personas, en menor medida.
El Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo tienen una incidencia de casos de trata similar a los detectados en otras partes del país.
Formas de operar
En los últimos años, los autores de distintos delitos del crimen organizado han modificado sus modos de operación, como la trata de personas y el tráfico de migrantes, para atraer a sus víctimas.
Los medios utilizados para ofrecer servicios sexuales también han variado, como el uso de plataformas web y redes sociales digitales, entre otras herramientas tecnológicas, lo que representa un reto para las autoridades en materia de actualización para la identificación y persecución de este delito en sus diferentes manifestaciones, sumándose una continua dificultad en el desmantelamiento de las estructuras criminales y en el rescate de las víctimas involucradas en los casos.
El subfiscal indicó que en la identificación de las estructuras de estos delitos se trabaja en conjunto con otros organismos de inteligencia del Estado para analizar los casos y así identificar a los involucrados en redes y su vinculación en la operación de trata.
Las autoridades han perseguido a miembros de redes.
Este trabajo ha permitido desmantelar estructuras criminales involucradas en esta operación delictiva, como la trata de personas y de migrantes.
“Debemos seguir desmantelando la cultura que entiende que la víctima de trata es culpable y responsable de lo que le sucede y que no entiende que existe una necesidad de vulnerabilidad”, afirmó Yoanna Bejarán.
“Somos parte de una sociedad que ha normalizado este delito”, dijo y agregó que los traficantes buscan uno o varios perfiles, que son las necesidades o vulnerabilidades de su objetivo”, agregó.
Explicó que cualquier mujer que viene al país o se muda a otros lugares puede verse afectada por los tentáculos de estas redes, sin recibir apoyo, que las involucradas ofrecen una esperanza de vida, un trabajo con buena remuneración, pero cuando llegan caen. en sus manos. Se dan cuenta de que nada de lo prometido existe y los pasaportes son retenidos.
Luego, integrantes de las estructuras criminales que trafican con personas investigan la situación de las víctimas con sus madres y si tienen hijos para mantenerlas bajo amenazas y así mantenerlas sumisas, incluso con el consumo excesivo de sustancias controladas para mantenerlas bajo control.
Bejarán lamentó que las mujeres jóvenes sean víctimas de trata.
Explicó que la Fiscalía Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas también combate la trata local, siendo el caso de menores utilizados para la explotación sexual.
La institución y otras agencias ofrecen atención y protección a las víctimas de trata de personas, con su total aprobación.
En este sistema de protección a víctimas de la Procuraduría General de la República, generalmente se incluyen a extranjeros interesados, mientras que las mujeres dominicanas sólo aceptan si tienen un alto nivel de vulnerabilidad. Las incluidas en este programa nunca son obligadas a declarar o aportar pruebas al Ministerio Público.
Redes desmanteladas
Varias estructuras criminales involucradas en la trata y el contrabando de personas han sido desmanteladas a través de operaciones conocidas como Casa Blanca, Iguana, Enciclopedia, Catleya, Frontera y Los Foráneos. En cada caso, entre 15 y 20 personas han sido arrestadas y llevadas ante la justicia.
En el caso Catleya se rescataron más víctimas, con un total de 84 jóvenes venezolanas y colombianas, y 16 personas puestas a disposición judicial.
En la Operación Merengue 34, 41 mujeres dominicanas fueron rescatadas en territorio francés, en una red con operación en República Dominicana, permitiendo la detención de un matrimonio que luego fue extraditado a Francia.
Organismos
—1— Función
La Fiscalía Especializada crea e implementa políticas penales contra el delito de trata y tráfico de migrantes.
—2— Instituciones
Fiscalías, Policía y autoridades militares trabajan para combatir esta acción.
—3— Cooperación
Otras agencias nacionales e internacionales también ayudan a combatir el crimen.
Dos de los tres implicados en la red van a prisión
Justicia. La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, impuso tres meses de prisión a dos de los tres venezolanos acusados de amenazar y obligar a varias mujeres colombianas a tener relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero, que luego les quitaron.
La red de trata fue desmantelada mediante el operativo MC Girasol. El Ministerio Público profundiza la investigación para identificar a otros. El magistrado envió a Michelle Carolina Gutiérrez y Mario José May Mendoza al Centro Correccional y de Rehabilitación Femenil y Masculino de Najayo, respectivamente.
Al imputado Jhorman Derek Cortés Solano, el juez le impuso el pago en efectivo de una garantía financiera de RD$500 mil e impedimento de salida.
