SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público informó este domingo que, ante la contundencia de las pruebas, un total de 52 despachos de abogados han representado a acusados de delitos de delincuencia organizada que firman acuerdos con el órgano fiscal para aceptar su culpabilidad y que, en total, cumplieron Los casos, sin excepción, han sido perseguidos ante los tribunales.
Al ofrecer la información, el Ministerio Público garantizó que ninguno de estos acuerdos involucra a personas que están en su nómina.
Indicó que, desde 2020, el Ministerio Público, en cabeza de la Fiscal General Miriam Germán Brito, ha sido sumamente cuidadoso y transparente con los acuerdos, por lo que todos han sido llevados a los tribunales y en ningún caso se ha aceptado intermediario alguno.
Dijo que todo abogado que ha firmado un acuerdo en nombre de su cliente ha sido testigo de cómo se le advierte que el documento debe basarse en la verdad, ser voluntario y que no se lo debe a nadie, sino que es el resultado de una actitud de cooperación. . ante la contundencia de las investigaciones y la estricta aplicación del estándar procesal penal vigente.
En un comunicado difundido hoy, el Ministerio Público reconoce el derecho del ciudadano a cuestionar la actuación de un órgano constitucional, ejercicio válido y necesario en un Estado de derecho.
Sin embargo, calificó de deshonesto y poco profesional cuestionar al Ministerio Público, de manera deliberada y maliciosa, máxime cuando las mentiras se evidencian con la simple lectura de las acusaciones, acuerdos y demás actuaciones procesales que el Ministerio Público ha interpuesto ante los tribunales.
Sostuvo que esperar que el Ministerio Público atribuya toda la responsabilidad a miembros del nivel medio de una estructura criminal cuando las pruebas establecen claramente que la mayoría de los recursos fueron a parar a los principales imputados que cumplieron funciones de primer nivel en el Estado, es preguntarse al órgano fiscal para tomar las decisiones más fáciles y sumarse como cómplice a la impunidad contra la corrupción de la que históricamente ha gozado un sector privilegiado.
“Es necesario que tengan claro que por más campañas nacionales o internacionales que lancen, por más lobbystas o voces afines que contraten, no vamos a detenernos ni a dejarnos intimidar”, señala el documento enviado a la prensa. .
Dijo que estas campañas tienen todas las características de no ser financiadas con recursos provenientes del patrimonio legal, lo que obliga al Ministerio Público a tomar medidas cautelares para evitar que se sigan utilizando recursos para obstruir procesos.
“Han llegado al extremo de querer hablar de respeto a una persona contratada por el Ministerio Público mediante un proceso exhaustivo de evaluación y reclutamiento a través de una consultora externa en gestión humana”, subrayó.
Destacó que este exempleado, que hace meses que no trabaja en la institución, tampoco tuvo nunca nada que ver con las áreas de persecución.
Estableció que el Ministerio Público no ha firmado un solo convenio con la oficina en la que laboraba el interesado antes, durante o después de su contratación. Entonces, además de constituir un delito tipificado y castigado por la Ley 53-07, esta fábula es deshonesta y poco profesional.
«Escudándose detrás de un micrófono para atribuir al Ministerio Público pactos con empresas con las que no ha firmado convenio alguno y mezclando líneas de investigación de un caso judicializado con otras en etapa de investigación, la menor evidencia es un nulo esfuerzo profesional a la hora de informar a la ciudadanía y un gran interés en permanecer al margen de comunicar objetivamente», añadió.
Aclaró que en todos los asuntos se realizan acuerdos de culpabilidad, siempre amparados en las normas procesales penales.
Señaló que la Corte Suprema de Justicia, la comunidad jurídica y la cooperación jurídica internacional han exigido permanentemente que se apliquen soluciones alternativas al proceso penal, práctica que no es nueva en el sistema acusatorio. Sobre todo, en materia de crimen organizado, en el que suelen ser de vital importancia para desmantelar a los jefes de las organizaciones criminales.
El organismo precisó que para comprobar la veracidad de esta afirmación basta ver los acuerdos que se han hecho en Italia desde la época del juez Falcone, en Colombia, Estados Unidos, Chile, Costa Rica y cientos de países que tienen una posición adversarial. sistema.
«El Ministerio Público no contrata líderes de opinión para que mientan a su favor, ni manipula la verdad para intereses particulares. «Sus acusaciones son públicas en la etapa procesal correspondiente y están a disposición de los tribunales para cualquier ciudadano que quiera leerlas», añadió.
De hecho, el Ministerio Público anunció que procederá a subir todas las acusaciones y actos procesales a su portal https://transparencia.pgr.gob.do para una mayor edificación de la sociedad. Así, quien quiera podrá determinar, con base en pruebas, quién miente, por ejemplo, atribuyendo cantidades exorbitantes de dinero a imputados de rango medio cuando quien hace las acusaciones públicas sabe que las pruebas demuestran que la mayoría de esos recursos engrosaron el cuentas bancarias. de ex funcionarios públicos a quienes representa y que hoy pagan campañas millonarias para atacar con mentiras la acusación, en lugar de defenderse en los tribunales contra el arsenal de pruebas depositadas por el Ministerio Público.
Señaló que aplicar soluciones alternativas es una práctica propia de sistemas acusatorios como el dominicano.
Explicó que la normativa procesal penal dominicana cuenta con varios procedimientos especiales enfocados a la búsqueda de alternativas de solución, entre los que destacan: procedimiento penal abreviado integral, parcial, mediación de conciliación, criterios de oportunidad para delitos comunes, criterios de oportunidad para delitos de delincuencia organizada, procedimiento condicional de suspensión, entre otros.
«Sin sorpresa hemos visto cómo algunos abogados atacan el criterio de oportunidad cuando se lo otorgan contra los testigos de sus clientes, pero han sido sus defensores cuando lo solicitan para otros de sus clientes; Es decir, que una misma figura jurídica es buena o mala según cómo les beneficie», añadió.
Finalmente, el MP reiteró el compromiso de perseguir todos los delitos, independientemente de quién los cometa, como lo vienen haciendo y como lo demuestran los diferentes procesos que han implementado, porque así como la ley no distingue entre seres humanos, tampoco lo hace. El Ministerio Público no puede ni lo hará.
