La ONU abrió este lunes en Ginebra negociaciones que buscan alcanzar un tratado que luche contra la biopiratería, la explotación de recursos genéticos que afectan no sólo a la naturaleza sino también a los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, tras más de dos décadas de conversaciones. .
«Las negociaciones no serán fáciles», advirtió Daren Tang, director de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), organismo de la ONU.
Los 193 estados miembros de la OMPI se reunirán en la ciudad suiza de Ginebra hasta el 24 de mayo para intentar encontrar un acuerdo por consenso.
«Podemos demostrar que no hay contradicción entre un régimen de propiedad intelectual fuerte y predecible, que fomente la innovación, atraiga inversiones y estimule la investigación, y un régimen que responda a las necesidades de todos los países y todas las comunidades, incluidas las de los pueblos indígenas y las comunidades locales. comunidades», añadió.
El borrador del acuerdo estipula que quienes presenten reclamaciones de patentes deben revelar el país de origen del cual obtuvieron los recursos genéticos utilizados para la invención y los pueblos indígenas que les proporcionaron el conocimiento tradicional asociado con la invención.
Más de treinta países exigen la divulgación del origen de las innovaciones, la mayoría de ellos países en desarrollo, como China, Brasil, India y Sudáfrica, pero también países europeos, incluidos Francia, Alemania y Suiza.
Sin embargo, estos procedimientos varían y no siempre son obligatorios.
Kenia, hablando en nombre de los países africanos, dijo que el tratado debería ser más integral e incluir «requisitos de divulgación obligatoria».
«Tenemos claro cómo nuestras comunidades a menudo han sido marginadas y excluidas de los beneficios derivados de la comercialización y uso de sus conocimientos y recursos», afirmó Kenia.
«Lucha contra la biopiratería»
«Se trata de luchar contra la biopiratería, es decir, la utilización de conocimientos tradicionales o recursos genéticos sin el acuerdo de quienes los poseían y sin que estos puedan beneficiarse», explicó el jefe de la delegación francesa, Christophe Bigot.
Estos recursos, como las plantas medicinales, variedades vegetales y especies animales, se utilizan cada vez más en numerosas invenciones para la investigación y la industria cosmética, medicinal, biotecnológica o de complementos alimenticios.
Como por el momento no es obligatorio publicar el origen de las innovaciones, a muchos países en desarrollo les preocupa que las patentes se concedan sin el conocimiento de los pueblos indígenas o que se concedan para invenciones que en realidad no son patentes.
Quienes se oponen al tratado temen que obstaculice la innovación.
Para los partidarios «esto ayudará a garantizar que estos conocimientos y recursos se utilicen con la autorización de los países o comunidades de donde provienen, lo que les permitirá beneficiarse de los inventos de una forma u otra», según Wend Wendland, director de la División de Conocimientos Tradicionales de la OMPI.
«Si bien el nuevo instrumento (legal) no crea nuevos derechos, su adopción pondría fin a más de dos décadas de negociaciones sobre un tema de gran importancia para muchos países», indicó.
El proyecto de texto encalla principalmente en el establecimiento de sanciones y las condiciones para la cancelación de patentes.
Hace dos años, los países decidieron convocar una conferencia con el objetivo de concluir un acuerdo a más tardar en 2024.
Sólo Estados Unidos y Japón «se desvincularon oficialmente de la decisión», aunque sin oponerse al consenso.
La embajadora estadounidense Sheba Crocker insistió en que su país «se esforzará por lograr un resultado que mejore la transparencia y no afecte los objetivos políticos ni los fundamentos del sistema de patentes».
