La histórica y polémica decisión del Tribunal Supremo de EEUU, que este lunes reforzó enormemente los poderes del Ejecutivo al interpretar que un presidente tiene inmunidad total por sus «actos oficiales», tiene ya consecuencias prácticas. El tribunal de la ciudad de Nueva York que juzgó y condenó hace unas semanas a Donald Trump por el caso de los pagos a una actriz porno y las mentiras asociadas a la investigación, convirtiéndole en el primer expresidente castigado penalmente y el primer candidato con antecedentes en unas elecciones, ha aceptado la petición de urgencia de los abogados del multimillonario, y Ha decidido aplazar la decisión sobre la sentencia hasta el 18 de septiembre.que podría suponer desde libertad condicional hasta cuatro años de prisión, con una pena de unas pocas semanas.
Los abogados actuaron rápidamente después de leer la decisión de la Corte Suprema y en cuestión de horas presentaron la petición. La fiscalía de Nueva York informa Los New York Times«Si bien creemos que los argumentos del acusado carecen de fundamento, no nos oponemos a su pedido de permiso para presentar una demanda ni a su supuesto pedido de aplazar la sentencia en espera de que se resuelva su moción», respondió por escrito Joshua Steinglass, uno de los fiscales adjuntos que llevó el caso contra el presidente.
Así que todo quedó en manos del juez Juan M. Merchan. Las consecuencias de esa inmunidad son enormes y evidentes para el futuro, y para los muchos casos que tiene abiertos Trump, especialmente los cuatro cargos que tiene preparados el fiscal especial Jake Smith por conspiración y obstrucción en sus intentos de aferrarse al poder y no reconocer la derrota en las elecciones de 2020. Pero quizá también, de manera indirecta, en el que está visto para sentencia.
Trump fue condenado en mayo por falsificación de documentos, fraude contable y todo tipo de maniobras para ocultar en los registros de sus empresas el pago a Stormy Daniels, una actriz pornográfica con la que habría mantenido relaciones sexuales, a cambio de su silencio. Hasta 34 cargos diferentes en ingresos, cheques y en los libros de las empresas En la recta final de las elecciones de 2016, para que el escándalo no afectara sus posibilidades. Una cosa es el acuerdo de 130.000 dólares a través de un intermediario de confianza, definido como un soborno por la fiscalía pero que no es ilegal. Y otra son las maniobras mucho más tarde para no dejar rastro, cuando aún no era presidente. Sin embargo, la inesperada decisión del Tribunal Supremo tiene una consecuencia aún más profunda que la mera inmunidad por sus acciones oficiales en la Casa Blanca.
Según el argumento jurídico, válido para todos los tribunales del país, la Fiscalía no sólo no puede perseguir a un presidente por determinadas decisiones, sino que además no puede utilizar y hacer referencia a pruebas, conversaciones, etc., que impliquen actos oficiales para sustentar otras acusaciones. Y esto es ciertamente así en lo que respecta al encubrimiento del pago a la actriz. El sistema jurídico estadounidense se basa a menudo en este tipo de vínculos, y si una parte de la acusación cae o las pruebas se obtuvieron de forma irregular, cae toda la acusación.
