El Consejo de Ministros ha dado su visto bueno al proyecto de Ley para la Universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que quedó aplazado con la convocatoria de elecciones generales el año pasado y la disolución del Parlamento. El primer intento lo realizó Carolina Darias hace casi dos años.
Tal y como afirmó la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, «con esta ley pone fin a los recortes llevados a cabo por el PP y viene a garantizar el aprendizaje de la pandemia donde entendimos que no estaremos seguros hasta que estemos todos seguros».
El proyecto de ley, que ahora iniciará su recorrido en las Cortes para la inclusión de modificaciones y su aprobación definitiva, nace, según el ministerio, «con el fin de recuperar el derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones para los españoles residentes en el extranjero, para los extranjeros que vienen por reagrupación familiar y para cualquier persona que resida en España con independencia de su situación administrativa mediante la revisión de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del SNS».
La propuesta legislativa aprobada por el Gobierno amplía el derecho a la asistencia sanitaria de las personas con nacionalidad española que residan en el extranjero, desplazados temporalmente en territorio español, y sus familiares que los acompañen, «cuando dicha cobertura no esté prevista de acuerdo con la normativa comunitaria o convenios bilaterales que incluyan la prestación de asistencia sanitaria».
El derechos a la protección de la salud y a la atención de la salud de los ascendientes agrupados por una hija o un hijo con derecho a la atención sanitaria en el SNS, cuando sean sus dependientes y siempre que no exista un tercero obligado al pago de dicha atención.
El texto también incluye el derecho a la protección y atención de la salud en el mismas condiciones que los titulares del derecho durante su estancia en España a las personas solicitantes de protección internacional, solicitantes y beneficiarios de protección temporal, víctimas de trata de seres humanos cuya estancia temporal en España haya sido autorizada durante el período de restablecimiento y reflexión, y personas no registradas ni autorizadas como residentes en España.
En este último caso, desde Sanidad indican que «la asistencia -que no genera derecho a cobertura fuera del territorio español- se cargará a los fondos públicos de las administraciones competentes siempre que se cumplan los siguientes requisitos: no tener la obligación de acreditar la cobertura obligatoria de atención en salud por otro medio, no pudiendo exportar el derecho a la cobertura en salud desde su país de origen y no habrá ningún tercero obligado a pagar.
Todos estos Los requisitos podrán acreditarse con la presentación de una declaración responsable (no registro)«sin perjuicio de que, posteriormente, cuando se resuelva el procedimiento administrativo, se deba gestionar el pago de la asistencia recibida por el usuario o por un tercero obligado al pago.»
Refiriéndose a beneficio farmacéuticotodos los grupos antes mencionados están incorporados al sistema para que no tengan que pagar el 100% de los medicamentos.
DISEÑO DE UNA CARTERA ÚNICA DE SERVICIOS DE SALUD, N° 17
El proyecto de ley recupera también la «cartera única común de servicios», que, según ha detallado la ministra, «agrupa la cartera común básica de servicios asistenciales, la cartera común complementaria y la cartera común de servicios accesorios y se garantiza que no se puedan incluir nuevos copagosEl texto «incluye también la salud pública», añadió García.
La ministra, respondiendo a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa, insistió en que «la ley de 2012 del PP, además de debilitar el Sistema Nacional de Salud, vulneraba el Código Ético de los profesionales».
Por otro lado, la ministra también ha informado sobre la aprobación por parte del Ejecutivo de una transferencia de fondos a las comunidades autónomas por valor 38,5 millones para «reforzar el Plan de Salud Mental 2024», como parte de la estrategia. «Estos 38,5 millones vienen a reforzar el compromiso que tenemos desde el Gobierno con la salud mental y la estrategia para que las comunidades puedan implementar medidas e iniciativas que mejoren la salud mental de la población», afirmó la ministra. .
Además, sobre la cobertura de lentes de contacto y gafas que anunció ayer, García explicó: «Por ahora estamos manteniendo reuniones con ópticos y optometristas para ver con qué segmentos poblacionales vamos a tener que empezar. Queremos incluirlo en el portafolio de servicios y que sea en 2025».
