El presidente del Perú, Dina Boluartecomparece este martes ante la fiscal general peruana para ser interrogada sobre la desactivación de una unidad policial anticorrupción, mientras su Gobierno enfrenta desde el lunes un nuevo frente de crisis luego de que el Ministerio Público la denunciara ante el Congreso por un presunto caso de corrupción.
El gobernante deberá asistir a la fiscalía general, Juan Carlos Villenacomo parte de la investigación que se ha abierto por presunta obstrucción a la Justicia, ya que el equipo policial desactivado participaba en una investigación contra su hermano Nicanor, quien Fue arrestado al día siguiente.
El abogado del presidente en este caso, Juan Carlos PortugalDeclaró que Boluarte no guardará silencio ante Villena, aunque dijo que espera que el Ministerio Público mantenga la confidencialidad del caso.
El hermano del presidente fue liberado el 17 de mayo por un tribunal que determinó que no había riesgo de fuga ni de entorpecer el proceso abierto en su contra, una semana después de su detención preliminar por la presunta comisión del delito de tránsito. de influencias.
Nicanor Boluarte y el abogado del presidente, Mateo Castañeda, fueron detenidos junto a otros implicados cuando eran investigados por la presunta comisión del delito de organización criminal y otros delitos contra el Estado, dentro de la operación denominada ‘waykis (amigos) en las sombras’ . , que investiga una supuesta red de tráfico de influencias.
Este caso fue impulsado por el Equipo Especial de Fiscalías contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), que sostiene que los implicados forman parte de una supuesta red dedicada al tráfico de influencias y el nombramiento de prefectos y subprefectos (delegados del gobierno en las regiones). ), en torno a la creación del partido Ciudadanos por el Perú.
En otra investigación, esta vez contra el gobernante, la Fiscalía peruana presentó este lunes una denuncia constitucional contra Boluarte «como presunto autor del delito de cohecho pasivo indebido, en perjuicio del Estado» por el caso conocido como ‘Rolexgate’, relacionado con varios relojes de lujo que el presidente lució sin haber declarado.
La denuncia constitucional es un procedimiento especial que se aplica a altos funcionarios del Estado, incluido el presidente, que goza de inmunidad. Está dirigido al Congreso, cuya Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debe determinar su procedencia antes de iniciar un recorrido parlamentario que culmina en el pleno, que, en última instancia, deberá decidir si recomienda imputar a Boluarte por este caso.
Tras conocer la denuncia fiscal, el Primer Ministro del Perú, Gustavo AdrianznManifestó que el presidente es víctima de «una persecución inconstitucional e ilegal», la cual atribuyó al Ministerio Público.
«Nos sentimos realmente ofendidos y afectados porque toda esta maraña de acusaciones fiscales sólo socava las funciones constitucionales del presidente», afirmó.
Por su parte, el ministro del Interior, Juan José Santivez, recordó que la gobernante tiene inmunidad y que, en última instancia, es el Congreso quien decide sobre cualquier recurso constitucional que se pueda interponer en su contra.
